La igualdad de género es uno de los 17 objetivos que en 2015 se establecieron, en la Agenda 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible que adscribieron 193 Estados miembros de la ONU. Asimismo, en la región, los gobiernos acordaron sumarse a la llamada Estrategia de Montevideo para alcanzar este objetivo.
El acuerdo plantea estrategias que permitan a los gobiernos desatar los “nudos estructurales” de la desigualdad de género que impiden la autonomía física, económica y de toma de decisiones de las mujeres.
En 1997, en América Latina, el 15,8% de los hombres no tenía ingresos, y las mujeres sin ingresos alcanzaban el 47% de la región. Para 2016 el porcentaje de hombres se redujo a 12,5% y el de mujeres a 29,7%. Si bien la brecha entre hombres y mujeres que no reciben ingresos se redujo de 31,2% a 17,2%, el porcentaje de mujeres que depende de ingresos ajenos sigue siendo muy alto. Y el único país que ha cambiado esa cifra en estas dos décadas fue Guatemala, cuya población sin ingresos alcanza al 51% de las mujeres y al 14% de los hombres. Y a pesar de mantenerse por encima del promedio, Venezuela redujo 31% el porcentaje en este período, Honduras 29,7% y Costa Rica 28,2%. México, por su parte, aumentó en 38,5% la población femenina con ingresos propios en estos años, así como Chile 29,6% y Colombia 26,4%.
Si bien este indicador es fundamental para medir el nivel de autonomía económica de las mujeres, no explicita el origen de los ingresos y, por lo tanto, no refleja el cambio de rol de la mujer en la sociedad en estas últimas décadas. Las cifras ocultan el tiempo que ocupan las mujeres en las tareas domésticas y el cuidado de la familia sin recibir nada a cambio, con una marcada diferencia respecto del tiempo que dedica un hombre a esas tareas bajo la misma situación de no tener ingresos.
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