Olvidan atención de mujeres violentadas; plantean crecimiento real de 1% al gasto

Las complicaciones cotidianas en la atención a las víctimas de violencia a través de los Centros de Justicia para la Mujer, la Red Nacional de Refugios, las Alertas de Género y espacios en comunidades indígenas han sido expuestas en la Cámara de Diputados como parte del análisis del proyecto presupuestal para 2023.

Los testimonios compartidos en San Lázaro dieron cuenta del carácter sustantivo que estas tareas tienen en un país donde entre enero y agosto hubo más de 45 mil víctimas mujeres de lesiones dolosas y arriba de 230 mil llamadas de emergencia al 911 por razones relacionadas con violencia de género.

En las consultas organizadas por el Grupo de Trabajo de Presupuesto con Perspectiva de Género, presidido por la diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano), los legisladores se han enterado de las dificultades que afrontan quienes laboran con mujeres que huyen de sus casas en búsqueda de resguardo y seguridad.

Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en este sexenio se ha dado atención a 1.2 millones de mujeres en 60 Centros de Justicia para la Mujer (Cejum) que operan en toda la República, donde en promedio cada día se ofrecen servicios a 890 mujeres que afrontan algún tipo de violencia.

La coordinadora del Área de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres, Nancy Carmona, expuso a los diputados que los Cejum son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan servicios de atención a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos menores de 18 años, donde reciben atención médica y psicológica; orientación y representación legal; albergue temporal, trabajo social; gestiones para acceder a la educación y asesoría para gestionar su autonomía económica.

Desplegados en 30 entidades, estos centros cuentan con personal propio –en un 60 por ciento– y con asignado por otras dependencias gubernamentales, lo cual genera inestabilidad en la planta laboral.

Expuso Nancy Carmona que de cada 100 pesos que los Cejum reciben, 82 pesos son para el pago de sus empleados, 9 pesos en servicios generales (luz, teléfono, agua, internet, arrendamiento en 45 por ciento de los casos), y 5 pesos para suministros materiales.

Detalló la consultora que una encuesta aplicada este año reveló que la demanda de los servicios se ha incrementado, ya que éstos se ofrecen sin interrupción, lo cual genera la necesidad de mayor personal calificado en áreas específicas, particularmente en la médica, psicológica y jurídica.

Describió la especialista de Equis Justicia que además de la fluctuación de personal que cuando procede de otras instituciones no se identifica con la naturaleza del trabajo y sus horarios, los Cejum siguen presupuestalmente sujetos a la suerte de la disposición y sensibilidad de los funcionarios locales que se preocupan por el tema: sea un fiscal, un secretario, el gobernador o del hecho de que se haya decretado la Alerta de Género en la entidad. “Esto es peligroso, porque en cualquier momento el escenario puede cambiar”, advierte.

Narró Nancy Carmona que los responsables de los centros compartieron que las necesidades de éstos incluyen desde productos de higiene menstrual, pañales de bebés hasta transportes para el rescate de víctimas, mobiliario y mantenimiento.

Así que además de la aprobación de recursos suficientes, la representante de Equis Justicia hizo votos porque se concrete la reforma pendiente a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Centros de Justicia, a fin de que éstos cuenten con asignación específica, tanto en el presupuesto federal como en las entidades.

Mientras la ley subsana ese pendiente, organizaciones de mujeres hicieron llegar a la Cámara de Diputados el señalamiento de que tal y como se prevé el reparto de recursos para 2023, el rubro de prevención y atención a las violencias no experimenta un incremento que responda al alza del problema.

“Según la propuesta que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados, los recursos que se agrupan en el Anexo Transversal 13 para la igualdad y combate a las violencias de género tendrían un aumento real del 41% con respecto al último presupuesto. Sin embargo, como distintas organizaciones hemos documentado, los incrementos de los últimos años se explican casi exclusivamente por la inclusión de programas públicos que no están diseñados para reducir brechas de género ni erradicar las violencias contra las mujeres: casi 9 de cada 10 pesos se destinan a programas como la Pensión para las Personas Adultas Mayores, el programa de Becas de Educación Básica, Sembrando Vida”, se indica en el documento firmado por Fundar, Raíces y Aliadas, entre otras.

“En su lugar, programas clave para los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva tendrían un aumento marginal o incluso un decremento en términos reales respecto a lo aprobado para 2022. De manera específica, el Proyecto de Presupuesto propone, en la práctica, liquidar el programa de Equidad de Género y reducir los recursos hacia los programas de Apoyo a Madres Trabajadoras y Salud Materna, Sexual y Reproductiva”, se precisa en el pronunciamiento que con fecha 20 de octubre entregaron a los diputados.

“Por su parte, los fondos para Refugios Especializados para Mujeres víctimas de violencia; para el Programa de Promoción, Atención y Prevención de la violencia contra las Mujeres (que asegura recursos para los Centros de Justicia para las Mujeres y la atención de las alertas de género); y para las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) incrementarán menos del 1% en términos reales”, se precisó en el comunicado.

Pero tampoco existe transparencia respecto a los recursos que le corresponden a los CEJUM.

Elsa Conde de Aliadas explicó que si bien se conoce la cifra que llega de presupuesto a las diversas acciones de las que es responsable la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia (Conavim), esto no necesariamente ocurre así.

Ejemplificó la especialista en el tema esta falta de claridad con lo sucedido en el asignado en 2021, ya que al analizar las cuentas de entonces se pudieron comprobar que, si bien los centros tenían una asignación de 300 millones de pesos, al final sólo se ejercieron 240 millones.

“Los 60 millones restantes para el 2022 fueron asignados a los programas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, precisó.

Dijo que por ahora en los informes públicos no se conoce el monto de las asignaciones hechas a los Cejum.

En el comunicado, las organizaciones exigen que para 2023 aseguren una asignación progresiva de recursos a los programas que sí están orientados a la atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, garantizando su suficiencia presupuestaria; establecer los enlaces necesarios para darle seguimiento, desde el inicio del año fiscal, a la debida y oportuna transferencia de los montos que eventualmente se aprueben en los próximos días en la Cámara de Diputados.

En el acopio de testimonios, reflexiones y solicitudes la subcomisión legislativa escuchó también, a través de un video enviado exprofeso, el mensaje de Reem Alsalem, Relatora Especial para la violencia contra las mujeres y las niñas en Naciones Unidas.

“Sabemos que la mejor manera de proteger a las mujeres y niñas contra la violencia es prevenir la violencia. Esto requiere del compromiso político, pero también de adoptar la ley y asignar presupuesto para tener casas seguras, pero también poder efectuar órdenes de protección”, expuso.

Definió la relatora de la ONU que las casas seguras son parte de los servicios esenciales y que aun cuando los efectos de covid-19 hacen reducir los presupuestos a nivel mundial, los recursos para prevenir y atender las violencias no se pueden ni se deben recortar.

Reem Alsalem explicó que las consecuencias de estos recortes van más allá de lo financiero. “Tener los recursos puede hacer o significar la diferencia entre asegurar o no el respeto a los derechos de la mujer, como son el derecho a la vida, seguridad, vivir sin violencia. Y el acceso a estos derechos no es un tema de lujo, sino que es una obligación del Estado”.

De ahí la preocupación expuesta en varias ocasiones por la Red Nacional de Refugios en el actual proceso de análisis presupuestal en San Lázaro, ya que según compartió la directora Wendy Figueroa, el incremento para 2023 es de apenas 0. 6%, luego de que este año han padecido la retención de hasta el 80 por ciento de los recursos asignados.

Para la promotora de estos 75 espacios de atención a las mujeres en todo el país ese 0.6 por ciento contrasta con la demanda de atención que en 2022 creció en 16 por ciento y los endeudamientos que el subejercicio presupuestal les generó.

Wendy Figueroa sostuvo que esas retenciones constituyen una violencia institucional que revictimiza a las más de 28 mil personas que la Red atiende: mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género.

Como resultado de este acercamiento, el Grupo de Trabajo con Perspectiva de Género de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados elabora ya una propuesta de ajuste que en el caso de la Red Nacional de Refugio busca incrementar de 443. 7 millones de pesos asignados por la Secretaría de Hacienda para 2023 a 495. 6 millones, es decir, un 11 por ciento más.

Igualmente, se plantea elevar de 39.3 a 46. 8 el monto previsto para el Instituto Nacional de Cancerología Micaela, un alza de 12 por ciento.

Para la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana y las Casas de las Mujeres Indígenas se propone un incremento del 25%, aunque no se especifica cuánto le asigna de presupuesto el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda a San Lázaro.