Pese a que hace cuatro años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por el caso de tortura sexual sufrida en 2006 por 11 mujeres de San Salvador Atenco por parte de policías federales y mexiquenses, las representantes de las víctimas acusan “falta de voluntad política” del gobierno lopezobradorista –pese a las promesas del jefe del Ejecutivo– para acatar la resolución y ofrecer justicia.
A más de cuatro años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó a México por la tortura sexual cometida contra 11 mujeres en San Salvador Atenco por agentes de seguridad pública del Estado de México y de la extinta Policía Federal, en mayo de 2006, representantes de las víctimas alertan por la “falta de voluntad política” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acatar
Pese a que en un primer momento López Obrador se comprometió a atender la sentencia, dada a conocer días después de que tomó posesión, en diciembre de 2018, hasta ahora “la gran mayoría de las medidas de reparación de daño y medidas de no repetición se encuentra parcialmente cumplidas o totalmente incumplidas”, sostiene Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las 11 mujeres de Atenco que decidieron acudir al tribunal regional en busca de la justicia que hasta ahora se les ha negado en México.
No se trata únicamente de la impunidad en que se encuentra el caso, después de más de 16 años de ocurridos los hechos o la desatención en temas de salud de las víctimas, sino que por parte del gobierno en turno hay una “resistencia absoluta” en cumplir con medidas estructurales, como lo es la creación de un observatorio independiente de supervisión en materia de uso legítimo de la fuerza para la policía del Estado de México y la Guardia Nacional (GN, ante la desaparición de la Policía Federal), mientras que no termina de cuajar la operación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres,
“Creemos que es momento de hacer uso de todos los mecanismos de supervisión de la Coidh; en las observaciones que hacemos al informe de seguimiento de la sentencia del Estado mexicano, estamos pidiendo a la Corte que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento”, sostiene la abogada en entrevista con Proceso.
De la revisión del documento de seguimiento del caso presentado por el gobierno de López Obrador, del 7 de diciembre, a través de la embajadora en Costa Rica, Roselia Barajas, y en las observaciones de las organizaciones que defienden a las víctimas, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), fechado el 9 de enero, se advierten las omisiones, contradicciones y deficiencias para acatar la sentencia de la Coidh, de cumplimiento obligatorio para México.
Tras considerar que la falta de cumplimiento de la sentencia se deriva de “la falta de coordinación institucional y del deficiente seguimiento concreto de los diversos acuerdos y compromisos asumidos por el Estado”, las organizaciones que representan a las víctimas hacen un recuento del diálogo sostenido con autoridades para dar seguimiento a la sentencia, concretándose únicamente tres reuniones de alto nivel con el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas.
No al observatorio
Entre las omisiones más graves, destaca lo relativo al observatorio de monitoreo del uso de la fuerza de las corporaciones estatal y federal, que si bien está enlistada entre los temas a supervisar por la Coidh, sólo se presenta un reporte de cursos de capacitación en materia de género, derechos humanos y la sentencia del Caso Atenco, a más de 14 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, sin hacer mención a la Guardia Nacional.
En su valoración ante la Coidh, en su documento las organizaciones consideran que el incumplimiento de la creación del mecanismo de monitoreo y fiscalización de uso de la fuerza para la Guardia Nacional y la policía del Estado de México, es “muestra de un claro desacato”, ya que “no solamente no existen avances ni información novedosa en este aspecto, sino que el Estado ha adoptado anteriormente como postura que la creación de un observatorio independiente no es necesario en tanto se cuenta con órganos internos de control”.
Al insistir en que el incumplimiento de esta medida “da cuenta de una falta de voluntad del Estado mexicano en su totalidad de cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas del fallo”, toda vez que el plazo para atenderla venció hace dos años, las organizaciones recuerdan que en julio de 2021 entregaron a la Secretaría de Gobernación el documento Bases para el diseño del observatorio independiente de la efectividad de las políticas e instituciones de rendición de cuentas y monitoreo del uso de fuerza, sin que hasta enero de 2023 hayan recibido respuesta.
Para las víctimas y sus representantes, es fundamental implementar la medida de no repetición ante evidencias de la persistencia de la tortura sexual contra mujeres, mientras que la Guardia Nacional actúa con opacidad.
Como ejemplo, citan datos del Informe anual de actividades 2021 de la Guardia Nacional, en el que se sostiene que 125 veces sus efectivos hicieron uso de la fuerza legal con arma de fuego y sólo en uno se concluyó que hubo exceso de uso de fuerza, sin señalar los criterios para determinarlo; que en sus operativos 65 personas civiles fallecieron y 20 más resultaron heridas, sin que se mencionen “las circunstancias y razones que se tuvieron para emplear las armas de fuego”.
A ello se suma la resistencia de la GN para acatar un resolutivo de septiembre de 2021 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de elaborar versiones públicas de los informes sobre uso de la fuerza.
“Aunque la GN ha reportado casi 300 eventos en 2020 y 2021 en los que usó la fuerza y armas de fuego, hasta el mes de mayo de 2022, después de un largo litigio ante la instancia de transparencia impulsado por el Centro Prodh, la institución sólo había publicitado seis informes”, notifican los representantes de las mujeres de Atenco a la Coidh.
En cuanto al Mecanismo de Seguimiento a Tortura Sexual cometida contra Mujeres, en su informe el Estado refiere que los “Lineamientos para la Organización del Grupo de Apoyo Técnico”, del instrumento están en proceso de análisis por parte de instituciones que participarían en él y que “se implementan acciones para la atención de 39 casos de mujeres que refieren haber sido víctimas de tortura sexual” por parte de dependencias de la Secretaría de Gobernación.
A ello, las representantes de las víctimas alertan que desde 2019 no se han llevado a cabo reuniones del mecanismo, por lo que los casos mencionados “no fueron revisados en sesión formal del Mecanismo con participación de las instituciones ni mediante la emisión de dictámenes, mucho menos con participación o conocimiento de esta representación”.
Las organizaciones que representan a las mujeres de Atenco consideran que el reconocimiento de la persistencia de la tortura sexual, “no ha derivado en acciones por parte del Estado para atenderla como parte de una política estatal que involucre a las diferentes instancias vinculadas con el tema y pertenecientes al mecanismo”.
Y es que el informe del Estado mexicano incluye resultados del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual contra Mujeres Privadas en Libertad en México, presentado el 27 de junio de 2022 en la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento a uno de los resolutivos de la sentencia.
Entre los datos relevantes derivados de consultar a mil 280 mujeres privadas de libertad, se destaca que 70% fueron detenidas con violencia; 30% vivió tortura sexual por parte de agentes estatales y municipales; entre 2006 y 2021 se presentaron 10 mil 678 denuncias por tortura en órganos de procuración de justicia, siendo 221 por tortura sexual; que en ese mismo periodo, en organismos públicos de derechos humanos se presentaron 11 mil 949 quejas por tortura, 316 por tortura sexual emitiéndose 59 recomendaciones, en tanto que en ese periodo sólo se emitieron siete sentencias por tortura sexual, siendo conocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos casos, en los que no han sido procesados los responsables.
En materia de acceso a la justicia, las representantes de las mujeres de Atenco se quejan ante la Coidh de la falta de coordinación institucional y de no dar cuenta al tribunal regional del litigio en el fuero interno que llevan a cabo las mujeres.
“No existe ninguna sentencia en contra de las autoridades que cometieron o fueron omisas frente a la tortura sexual sobrevivida por las 11 mujeres, así como tampoco de ningún otro delito relacionado con los hechos”, mientras que las investigaciones continúan fragmentadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pese a que la instancia federal solicitó la atracción del caso.
Ante la resistencia de FGJEM por entregar a Fevimtra su expediente, las mujeres de Atenco solicitaron un amparo, siendo beneficiarias por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el 26 de agosto de 2022.
El amparo considera que es indispensable que sea la autoridad quien se haga cargo de la investigación para que se cumpla la sentencia de la Coidh, para que se analicen “en conjunto la totalidad de los hechos, así como la responsabilidad de todos los perpetradores de los distintos niveles y corporaciones, y la cadena de mando”, reconociendo las facultades del Ministerio Público Federal para esclarecer “delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, como ocurre en este caso”.
En el escrito ante el tribunal regional, se resalta que el 14 de septiembre de 2022 la FGJEM interpuso un recurso de revisión contra el amparo, argumentando “razones procesales”, contra la que los representantes presentaron un recurso de revisión -adhesiva el 23 de septiembre, litigio que está en curso en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
En el escrito enviado a la Coidh las organizaciones se quejan de la pasividad de la Fevimtra por no tener “una actitud proactiva para que se atienda la solicitud de atracción que emitió, dejando la carga e impulso procesal a las mujeres y su representación”, sin contar que no ha presentado a las víctimas un plan de investigación ni un cronograma de actuaciones ni mucho menos ha dado respuesta a las aportaciones que ha hecho la representación legal a la averiguación previa abierta.
Ivette Galván acota que, para colmo, en el litigio “nos llamó mucho la atención que el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado presentó alegatos en contra de la sentencia que resultó favorable para las mujeres”.
Tras advertir que “los alegatos del agente del Ministerio Público Federal pueden o no ser tomados en cuenta dentro del recurso”, Galván destaca que ese hecho “habla de la disparidad de criterios de la misma institución, cuando fue una sentencia promovida por la misma FGR a través de Fevimtra”.
La abogada del Centro Prodh insiste: “Consideramos que es indispensable una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia, porque si bien se han hecho esfuerzos importantes por parte del Estado mexicano para atender varias medidas, la verdad es que la mayoría se encuentran en un nivel de incumplimiento parcial o total de las mismas, sobre todo lo relacionado con la instalación del observatorio de monitoreo y fiscalización del uso de la fuerza de la Guardia Nacional y el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura sexual contra Mujeres”.
