En 2013, Gabriela fue condenada a prisión por delitos contra la salud. El mismo año, Carla recibió sentencia por extorsión. Una purgó su pena en Tepepan y la otra en Santa Martha Acatitla. Ambas tratan de dejar atrás su condición de ex reclusas para reintegrarse a la sociedad.
Desde su salida, ambas han tenido que luchar desde su salida para recuperar a sus familias y mantenerlas, labor que se complica ante los prejuicios sociales y, por otro lado, las trabas burocráticas del sistema de reinserción. Ellas ya cumplieron su condena, pero pareciera que el entorno dice lo contrario; la sociedad no perdona, tampoco olvida.
Plumas Atómicas se reunió con Carla y Gabriela para hablar sobre el estigma que sufren. Para preservar su integridad, hemos cambiado sus nombres en este texto.
Más allá de los muros
Gabriela salió del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan una madrugada de julio del 2016. Por ella fueron su madre y otros familiares. Al día siguiente buscó a sus cuatro hijos, quienes vivían con su padre en el occidente de la capital. Se instaló con su mamá, que también estuvo en prisión, y pasó casi seis meses buscando trabajo, hasta que consiguió uno como personal de limpieza en una empresa.
Tuvo que abandonar ese empleo cuando una colega descubrió que había estado encarcelada. Tras ser exhibida, renunció y entró a una fábrica de plásticos en el Estado de México. En ambos trabajos, relató, ganaba 900 pesos a la semana (menos del salario mínimo), con jornadas de tiempo completo, pero con penalizaciones por puntualidad y por faltas en el segundo empleo.
Para Gabriela, quien purgó una condena por narcomenudeo, la necesidad de trabajar la ha llevado a un enorme problema con las autoridades:
“Estoy metida en una broncota cañona, federal. Dejé de firmar. Dejé de ir a mis jornadas de trabajo…”, explicó Gabriela.
La mujer de 44 años salió de su condena de 2013, pero aún tenía pendiente otra por el mismo delito unos años antes. Tenía que atender a jornadas de servicio social cada tercer día para purgar su sentencia, pero esta medida la perjudicaba en el ámbito laboral.
Los laberintos de la burocracia pueden ser extraños: mientras que en la CDMX, debía entregar carta de antecedentes penales, en el Estado de México no estaba obligada a cumplir con ellos, pues su delito era del fuero común. ¿Pero cómo explicas a tu empleador del Estado de México que cumpliste una condena en CDMX y que debes ausentarte para firmar? Mantener la estabilidad laboral tiene un costo:
“O trabajaba o firmaba: no podía. (…) No nos dejan trabajar. Yo tengo que pagar una renta, ¿cómo voy a vivir?”, señaló. Si vuelve a firmar, teme que la manden de vuelta a prisión.
Mientras Gabriela evita salir de casa, Carla, con quien compartió celda en Santa Martha, enfrenta sus propios problemas.
Nacida en el oriente capitalino, la joven de 26 años cumplió una condena que, asegura, no debía. A diferencia de Gabriela, ella ha pasado por más empleos, desde mesera hasta trabajadora en una fábrica de vasos. Renunció al verse en un ambiente laboral hostil ajeno a sus antecedentes y está desempleada desde entonces, pero acepta trabajos que le salen por aquí y por allá.
Carla salió en marzo de 2016. Solo avisó a su hermana, pues temía que algo le pasara a sus dos hijos. Primero fue por su niña, en casa de su madre. Luego fue a recoger a su hijo, quien vivía con una señora con intenciones de quedárselo, dijo. Claramente, a su salida, no pudo esquivar las emociones:
“Mi hermana corre, me abraza y se pone a llorar y, te lo prometo, yo lo sentía así, el nudo, pero no llore. Fue diferente a las veces en las que sales en el camión y vas viendo la calle, pero siempre detrás de las rejas”, relató.
Cuando ingresaron a Carla, su hija tenía dos años y el niño apenas cumplía los seis meses. Tras salir luchó para que la reconocieran como su madre en la dinámica familiar.
La estrecha relación que ahora mantiene con ambos pasó por graves asperezas al principio; por meses su hija le recriminó su estancia en prisión y el menor ya se había familiarizado con la mujer que lo cuidó por tres años. A todo esto, se suma el hecho de que en los primeros meses de libertad su exnovio, el papá de su hijo, quería quitárselo.
En cuanto a lo laboral, Carla trabajó en una fábrica durante el 2018, donde ganaba mil 500 pesos semanales, poco más de dos salarios mínimos. Si bien fue un trabajo estable durante este año, en 2017 sí resintió su pasado, pues pasó tres meses entregando su currículum en decenas de lugares. En esos meses, no pudo aprovechar oportunidades por salarios bajos o porque solicitaban no tener antecedentes penales.
Más allá de los muros de Santa Martha, los destinos de Gabriela y Carla han sido paralelos. Ambas madres han tenido que poner un empeño extra para recuperar sus vidas, ante una sociedad que se guía por el estigma y no por el perdón.
Muros más allá de los muros
Carla y Gabriela son dos de las más de 210 mil personas que se encontraban encarceladas en 2016, de acuerdo con cifras del INEGI. Laura Cordero, ex directora del penal de Santa Martha, apuntó a Plumas Atómicas que la mayoría de los reclusos suelen salir sin reintegrarse.
Además de que los ex reos no suelen contar con motivaciones, el sistema no cuenta con personal para encausar a quienes dejan atrás la vida penitenciaria. Hay protocolos de reinserción (perfiles psicológicos, talleres, regularización escolar), pero no hay nadie para cumplirlos.
“Al sistema penitenciario le falta personal calificado (…), es gente que no tiene la preparación, que nunca se ha enfrentado con algún delincuente, que no sabe qué traen en la cabeza estas personas o por qué están ahí”, explica Cordero.
El mismo INEGI apunta que el 6% de la población carcelaria sale con el riesgo de reincidir, pero la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del mismo instituto señala una realidad más aguda: el 25.9 % de los encuestados ya había estado recluido, y el 55.3 % de ellos reincidió antes de dos años de su salida. Gabriela cae en estas cifras.
Ella enfrenta una paradoja: en el afán de reinsertarse, cometió un error que podría costarle su libertad. Y aunque ahora cuenta con un empleo estable, reconoce que estando en la fábrica extrañaba la vida aparentemente fácil del narcomenudeo.
José Luis Coca Muñoz, profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, señaló en un artículo que el sistema penitenciario fue creado con intenciones humanitarias para reemplazar penas como la muerte y el exilio. Sin embargo, hoy no favorece la reintegración de los delincuentes, solo los excluye de la sociedad.
Mientras una apuesta por el olvido, la otra teme volver a prisión. Mientras una sostiene una sonrisa optimista, la otra expresa su preocupación. Sus actitudes divergen, pero el estigma es el mismo.
