Hace treinta años no había ningún tratado internacional que reconociera que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos hasta que llegó la Convención de Belém do Pará desde América Latina para abrir camino a una serie de leyes y políticas que permitieron visibilizar y sancionar las violencias de género, avances que ahora están amenazados en unos países de la región y que en otros se han materializado en graves retrocesos.
“Los caminos no son lineales y muchos países, entre ellos el mío, muestran que no hay avances libres de posibles retrocesos, y que hay desafíos nuevos. Uno de esos es hacerle frente a cierto descreimiento en la agenda de igualdad de género y en la existencia de desigualdades estructurales. Hay un movimiento bastante reactivo a las reivindicaciones de las mujeres por nuestros derechos. Ahora toca reafirmar los compromisos, tener mejores medidas de monitoreo y exigibilidad de rendición de cuentas”, explica a Efeminista Natalia Gherardi, abogada argentina y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA).
ELA es una de las organizaciones que formarán parte de la reunión conmemorativa del 30 aniversario de la Convención de Belém do Pará que se realiza en Chile entre el 10 y 12 de junio en el que, además de celebrar los avances alcanzados, también se analizarán las acciones que se deben tomar desde los países para acelerar la implementación del tratado y así blindar las políticas y normativas ante posibles y cada vez más cercanos retrocesos.
Además, se busca fortalecer los mecanismos de la lucha contra las violencias, ya que pese a los avances América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más violentas para las mujeres. En 2022, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países y territorios de la región, lo que supone un asesinato machista cada dos horas.
30 años de la Convención Belém do Pará
La adopción de la Convención de Belém do Pará hace treinta años por parte de 32 países de América Latina y el Caribe marcó un hito para la región en relación con el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia de género.
“Empezó a nombrar la violencia y la discriminación en contra de las mujeres y las niñas que antes solo se veía en el espacio íntimo y familiar y pasó a ser y a reconocerse como un asunto público”, destaca Bárbara Jiménez-Santiago, representante para América Latina de Equality Now.
A nivel normativo, explica Jiménez, la región ha avanzado mucho en la especialización de algunos de los servicios de acceso a la justicia, de unidades de Fiscalía o de magistrados. Sin embargo, dice, ahora hay que trabajar en acelerar la implementación total de esas normas en los países en los que se han aprobado.
“Para continuar entendiendo el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres debemos poder recoger estadísticas desagregadas, que eso todavía no está pasando, y no se están conectando los distintos operadores de justicia. Además, se debe invertir en el estudio y en el análisis de las nuevas manifestaciones de violencia”, señala.
Natalia Gherardi, de ELA, coincide en que no se trata solo de ratificar tratados internacionales, de aprobar leyes o de solo crear instituciones, “sino de dotar de políticas públicas basadas en evidencia, con presupuesto, implementadas de manera no discriminatoria y con transparencia y participación ciudadana”.
“Creo que la Convención sigue teniendo una potencia y un liderazgo que trasciende los diferentes momentos de los países. Hay una responsabilidad ahí de los países que conforman la Organización de Estados Americanos de sostener ese espacio, de financiarlo adecuadamente, para que nos sirva de guía, de faro, pero también de reaseguro, de que no se puede retroceder sin consecuencias a nivel de los Estados porque hay un monitoreo y una rendición de cuentas que le deben no solamente a la ciudadanía de sus países, sino que también [representa] una responsabilidad ante la comunidad internacional”, agrega Gherardi.
En Argentina, por ejemplo, la Convención abrió camino a la aprobación de Ley de Protección Contra la Violencia Familiar que luego se convirtió en la Ley de Protección Integral de Violencia, parte de un grupo de normativas cuya vigencia hoy peligran con la llegada al poder del ultraderechista Javier Milei, quien hace unos días terminó de cerrar el Ministerio de las Mujeres.
Para evitar esto, añade Bárbara Jiménez-Santiago, es necesario también que estas normativas se vuelvan políticas de Estado, con el objetivo de evitar que entren o salgan de vigencia cuando cambian los gobiernos.
Las nuevas violencias y los retrocesos
Pese a que el texto de la Convención no se ha modificado en estos treinta años sigue sin perder vigencia debido a la interpretación que realiza el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), un trabajo que ha sido clave en la identificación de nuevas violencias y en la creación de estándares regionales para sancionarlas.
Entre esas nuevas formas de violencias están la digital, la política, la vicaria o la que se ejerce contra las defensoras de Derechos Humanos en la región. Todo con el objetivo, dice Jiménez, de tumbar los avances adquiridos.
“Es como un movimiento en contra de las mujeres que trata de paralizar las leyes que hemos obtenido con tanto esfuerzo y que han servido tanto para que las mujeres puedan salir de un entorno familiar y poder criminalizar o solicitar una orden de protección civil. Buscan que las cosas retrocedan, planteando principalmente que las mujeres mienten al llevar estos casos [a la Justicia]. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Bolivia con [el intento de modificar] la Ley 348“, agrega.
Jiménez dice que estos “ataques” a los derechos de las mujeres son parte de una estrategia regional. “Es una nueva ola reaccionaria y de retrocesos y paralización de los mismos grupos conservadores en distintos países. Ya estamos mirando qué es lo que se nos viene para los próximos 30 años”, alerta.
Por su parte, la directora ejecutiva de ELA afirma que se debe “sostener la mirada atenta” y abogar por unos “procesos de rendición de cuentas abiertos, plurales, participativos” que se conviertan en una “malla de contención para que esos retrocesos no sean posibles”. Y si llega a haber retrocesos “que no sean sin costos“.
“La responsabilidad internacional es algo que un país debiera querer evitar”, añade.
Las organizaciones de la sociedad civil trabajan en una propuesta de declaración que quieren presentar en el marco del evento de aniversario de la Convención y esperan ser parte del diálogo que habrá entre las altas autoridades de los gobiernos de la región que asistirán. “Nuestra expectativa es poder fortalecer la relevancia de nuestra participación como actoras relevantes y que tenemos algo para aportar en ese camino”, concluye Gherardi.
