El contar con una alternativa para lograr la autonomía económica impulsó la creación de 50 colectivos, que integran a alrededor de 300 mujeres, quienes a través de protestas sociales en diversos puntos de la ciudad de México buscan visibilizar las diversas violencias de las que son receptoras y contar con un espacio para vender sus productos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que la poca comprensión de la sociedad en general, como de los servidores públicos e instituciones ha reducido su proceso organizativo a una actividad de comercio en el espacio público.
El intercambio de productos desde la microeconomía feminista trasciende las lógicas del mero intercambio de bienes y servicios en el espacio público, pues se constituye como un legítimo reclamo de las mujeres y colectivas para denunciar los diversos sistemas de opresión que las agravian, destacó.
La Alcaldía Cuauhtémoc, argumentó, es donde converge la mayor parte de ellas, aunque más de la mitad de las integrantes viven en la periferia de la ciudad, lo que invita a considerar este asunto desde la mirada metropolitana, y el abordaje de este conflicto sin una lectura de derechos, conlleva a la reproducción de la violencia institucional.
Durante la presentación del informe temático: “Protesta feminista contra la violencia económica”, señaló que en los dos últimos años, la CDHCM realizó 87 acompañamientos in situ con las integrantes de las colectivas al momento de realizar sus expresiones políticas.
El espacio público, reconoció, es un ámbito en disputa no solo entre personas y actividades, sino de derechos y en esa lógica existen espacios de intersección que permiten observar que las compañeras comerciantes padecen los efectos de la violencia económica también.
Muestra de ello es que, a nivel nacional, del total de comerciantes en espacio público, el 45.7 por ciento son hombres quienes perciben un ingreso promedio mensual de 4 mil 80 pesos, mientras que las mujeres, que representan el 54.3 por ciento de esa actividad reciben un salario promedio de 2 mil 730 pesos, significativamente menor.
Dicha realidad, abundó, da cuenta de la agenda pública pendiente para la atención de la feminización de la precariedad económica, la desigualdad y la violencia económica hacia las mujeres que persiguen su ingreso en el espacio público, como consecuencia de múltiples exclusiones.
En el país y en la ciudad de México hay bases constitucionales y normativas para el reconocimiento de la protesta social no tradicional, por lo que llamó a autoridades a utilizar los recursos existentes para evitar el uso de herramientas tradicionales, restrictivas y punitivas como las propias de la legislación de cultura cívica.
Así como el uso excesivo de faltas administrativas y la persistencia de la ausencia de regulación del trabajo no asalariado y del uso del espacio público; y con autoridades se mantengan espacios de constante dialogo con las mujeres y colectivas para la construcción de acuerdos entre ambas partes que se adapten a los contextos cambiantes.
