A Miriam González le diagnosticaron cáncer de mama etapa 4 de 5 el año pasado. Hace apenas un año era Directora Regional de Ventas de una empresa de joyería y tenía el proyecto de poner un negocio propio. Sin embargo, con el diagnóstico no sólo se extinguieron sus planes, sino que su cotidianeidad también cambió completamente: pronto su jefe comenzó a desplegar en su contra conductas discriminatorias presionándola para que rindiera más allá de las funciones que tenía encomendadas y con las cuales siempre había cumplido, señalándole además que no siempre le iba a dar permiso de acudir a sus citas médicas para recibir su tratamiento, con lo que se vio obligada a renunciar a su trabajo. “Fue difícil continuar teniendo el seguro del IMSS, no obstante durante algún tiempo el patrón siguió pagando la contribución y me pude seguir atendiendo”.
Meses después las cosas cambiaron cuando Miriam se enteró que tenía derecho a recibir el pago de un subsidio por incapacidad por parte del IMSS –cabe decir que nadie le había informado ni mencionado nada sobre la existencia de ese derecho, sino hasta que conoció a la abogada Irene Lira–. Poco después de solicitarlo y de recibir supervisión externa para obtenerlo, se le informó que ya no podía seguir atendiéndose en el Seguro Social. Miriam recuerda con voz pausada “entonces me pregunté: “¿qué voy a hacer si nadie contrata a mujeres con cáncer?”.
El problema que representa el cáncer de mama en nuestro país es grave: desde 2006 se ha convertido en la primera causa de muerte entre las mexicanas, seguida de cerca por el cáncer cérvico-uterino. A pesar de los esfuerzos que ha habido para erradicar la violencia laboral contra las mujeres que padecen esta enfermedad, no parece estar siendo suficiente, pues según un estudio realizado por la fundación Edificando Vidas cada año cuatro de cada 10 mujeres diagnosticadas son víctimas de discriminación en sus trabajos.
A Yahel Leguel Balcells la diagnosticaron en noviembre de 2018 y hasta ahora no ha podido conseguir un trabajo debido a su enfermedad. Está imposibilitada para hacer esfuerzos físicos porque le han quitado la mama y gran parte del tejido de la axila para su tratamiento. Las empresas no la contratan a pesar de haber realizado un gran número de entrevistas y aplicaciones para vacantes; aunque no se lo dicen, ella sabe que no quieren contratar a alguien que puede sentirse mal y tener que faltar para tratarse.
Quienes logran sobrevivir al cáncer se siguen enfrentando con obstáculos físicos, psicológicos, sociales e incluso laborales. En realidad, en esta materia las políticas públicas se enfocan únicamente en la prevención y el tratamiento médico, pero no en la reinserción social y menos aún en la laboral. Yahel se pregunta: “¿por qué si hay centros especiales para capacitar y contratar personas con Síndrome de Down, no hay uno para mujeres que han tenido cáncer de mama?”.
Hace un par de semanas en el Parlamento de Mujeres de la capital mexicana se presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del cáncer de mama de la Ciudad de México. Esta iniciativa busca sentar y mejorar las bases jurídicas para prevenir y se resolver eficientemente los conflictos emanados por falta de información, discriminación o desconocimiento de los derechos de estas mujeres.
El objetivo primordial es responsabilizar al Estado por las vidas y la salud de las ciudadanas. Esto incluye no solamente brindar los medicamentos y la infraestructura hospitalaria para los procedimientos clínicos pertinentes, sino también una restitución del daño para quienes han sufrido de discriminación laboral por su padecimiento y cuyos derechos humanos han sido vulnerados; la reintegración de la dignidad de las víctimas, junto con un acompañamiento psicológico para reorientar su vida; la generación de garantías, cuyo objetivo es evitar que haya reincidencia de exclusión profesional, así como un aparato de investigación que juzgue y sancione a los empleadores que hayan incurrido en estos actos discriminatorios.
En este momento se están llevando a cabo los procesos de dictaminación en las comisiones de Salud, Asuntos Laborales y Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos del propio Parlamento de Mujeres. De ser aprobada en el siguiente mes, esta iniciativa significaría un primer paso para impulsar dentro del Congreso de la Ciudad de México una política más justa y más responsable que beneficie a las miles de mujeres que se encuentran actualmente atendiendo su cáncer de Mama.
* Camila Martínez Gutiérrez es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM e integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México.
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