En las últimas dos décadas, España ha desplegado herramientas, ha activado servicios, ha desarrollado leyes y protocolos y ha invertido desde multitud de organismos para hacer frente a una violencia sexual cuya cifra de denuncia no ha parado de crecer en los últimos años, pero a la vez, mantiene una bolsa oculta que las instituciones calculan en un 90%: es decir, que al Estado le constan una de cada diez agresiones. ¿Dónde está el resto? Antes de que la inmensa mayoría de la población tuviera acceso a internet y se expandieran como lo han hecho las redes sociales, al menos parte quedaba en el silencio. Ahora, y cada vez más, esa violencia sexual es contada, compartida y comentada en la red. A veces, de forma anónima. Fue exactamente así como la semana pasada se precipitó la dimisión del ya exdiputado de Sumar Íñigo Errejón: por la historia anónima de una mujer en la cuenta de la periodista y escritora Cristina Fallarás. Solo tres días después, otra mujer, la actriz Elisa Mouliaá, interpuso contra él una denuncia por agresión sexual.
Mouliaá quiso denunciar. Las mujeres detrás de los relatos anónimos, no. Entre todas las aristas que ha abierto este caso hay una relacionada con cómo, dónde y a quién lo cuentan. Con el por qué en un momento determinado prefieren relatar lo que han vivido a través de una red social antes que poner una denuncia ante las instituciones. Esas mismas instituciones, abogadas, especialistas y psicólogas coinciden en una primera respuesta, que más que una respuesta es una aclaración: la separación necesaria entre el testimonio y la denuncia. Ni son lo mismo, ni chocan, ni se solapan. Son formas diferentes de atravesar la violencia sufrida y, recuerdan todas, “son igualmente legítimas” porque cumplen distintas funciones según las necesidades de cada mujer para hacer una u otra cosa.
¿Cuál es la función y la necesidad de la denuncia? Violeta García, psicóloga experta en violencia sexual, cuenta que cuando las mujeres denuncian “es porque sienten que es la única cosa que pueden hacer como mecanismo de reconocimiento de la verdad” de forma oficial, quieren que “quede escrito en algún documento” también oficial, que puedan referirse a los agresores como agresores también de forma oficial; porque buscan un tipo de reparación, que piensan en cuestiones como “que el agresor se dé cuenta de lo que ha hecho, que no lo haga más”; algunas, aunque no se puede poner el peso sobre la víctimas, piensan también en que si denuncian “protegen a otras mujeres”.
Dice la psicóloga, que pertenece a la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente de Cataluña, que hay muchísimas motivaciones, y que todas, de fondo, tienen que ver con recuperar la propia dignidad, algo que recuerda la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer Teresa Peramato cuando dice que “lo primero que hay que entender” es este delito: “La violencia sexual es un atentado frontal a la dignidad, a la libertad y a la vida de las mujeres”. Y teniendo eso en mente, saber “las muchas cuestiones a las que se enfrentan a la hora de tomar la decisión de si denunciar”.
En un repaso rapidísimo habla de que cuando esa “violencia se da en relaciones de poder y jerarquías se plantean cuáles van a ser las consecuencias, si se juegan el puesto de trabajo, otras se dan en entornos cercanos y piensan en la reacción de la familia, si las van a creer, si alguien las culpabilizará… Y todo eso que piensan es absolutamente legítimo” a la hora de plantearse la denuncia en un proceso en el que todas quienes se dedican de una u otra forma al ámbito de la violencia dicen que no es fácil.
Consuelo Abril, abogada experta en violencia, resume algunas de las razones por las que no lo es: “La cantidad de veces que las mujeres tienen que contar lo que les ha ocurrido ante distintas instancias, la dificultad de probar algo para lo que muchas veces no hay pruebas ni testigos más que la propia víctima, la falta de credibilidad con la que muchas se encuentran, preguntas que las hacen sentirse cuestionadas, o que infieren que no han interpretado bien la situación o que tienen cierta responsabilidad en lo que les ha pasado. Todo eso sigue pasando”.
Por eso Betsaida Sánchez, psicóloga forense que trabaja en un Centro de Atención a Víctimas, dice que “muchas mujeres perciben que las instituciones no siempre van a brindar el apoyo adecuado”. Tienen “miedo” a que no las tomen “en serio o no tomen en serio su situación, a sentirse juzgadas”; se suma “la burocracia y los tiempos de espera” para procesos que pueden alargarse años, que el acceso a según qué recursos depende aún de dónde se viva, que la información sobre esos recursos no siempre llega hasta ellas, que siguen existiendo carencias en la especialización de las personas con las que se cruzan desde el inicio y hasta el fin del proceso, además de lo “agotador mental y emocionalmente” que puede suponer todo lo anterior para ellas. El sistema ha ido mejorando año a año pero es evidente que no es perfecto, apuntan las expertas, y siguen existiendo estereotipos e ideas con las que se trabajan y que hacen daño a las mujeres y suponen un obstáculo para su confianza en el propio sistema.
Ese “temor a una respuesta ineficaz” por parte de las instituciones según Sánchez “puede desalentar a las víctimas a buscar ayuda institucional directa” y dirigirse a otro lugar a contarlo, uno que perciben como seguro. Y esa, sobre todo, es la función que cumple y la necesidad que cubre contar en redes. La psicóloga forense explica que ese contarlo está relacionado con dejar testimonio, también con una necesidad de “empatía y de acompañamiento inmediato”. Peramato, la fiscal de Sala, piensa en el “apoyo que encuentran de otras mujeres que han pasado por lo mismo y que las fortalece”.
Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de derechos de la infancia y de la adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene claro que las mujeres tratan de “tener voz y ser escuchadas en un espacio en el que no se sienten cuestionadas”, a pesar, matiza, de que las redes no son “precisamente espacios seguros”. Por eso apunta a la cuenta de Cristina Fallarás de forma específica por el ejemplo de estos días: “Una cosa es X, donde el ataque está prácticamente asegurado, aunque también encuentren apoyo, y otra lo que han podido hallar en la cuenta de Fallarás, seguridad porque sienten que la persona que recibe sus relatos las va a escuchar, a creer y a tratar esa información con cuidado y dándole valor e importancia”. De forma, además, anónima.
¿Por qué bajo ese anonimato? Fallarás, que explica que “lo testimonial es la base para la construcción de una memoria colectiva que redefina y multiplique qué es violencia sexual”, apunta a que hay una amplia casuística cuando las mujeres le cuentan el por qué: “Hay muchísimos testimonios de violencia sexual en la infancia ya prescritos, pero las mujeres los tienen dentro y forma parte de una manera de trabajar el trauma. Otra parte es porque han presentado quejas en la empresa o en el partido político de turno y las han apartado, no solo no les han hecho caso sino que se han quedado fuera ellas en lugar del agresor. Hay dos que son también bastante recurrentes: porque el agresor es el marido o el exmarido que las tiene amenazadas y temen ser atacadas de nuevo si lo hacen público, o porque el agresor es su superior jerárquico, da igual empresa que sindicato que partido, y temen por el puesto de trabajo. Hay muchos testimonios que están ligados a la precariedad. Y otras sencillamente tienen terror. Esas son mayoritariamente las causas por las que me dicen que lo relatan en anónimo”.
Betsaida Sánchez, la psicóloga forense, y Teresa Peramato, la fiscal de sala, coinciden en algo desde ámbitos diferentes: cómo ese contar primero puede, en algunos casos, cumplir también otra función, la de servir de paso previo a una denuncia. Para Sánchez “compartir una experiencia en redes sociales puede hacer que la mujer empiece a procesar emocionalmente esa experiencia, evaluar la reacción de otros o recibir el respaldo emocional que necesitan para ganar la seguridad para acudir a las instituciones”. Para Peramato, “encontrarse en esos espacios puede hacer que se sientan acompañadas, arropadas y fortalecidas por esa conciencia de violencia estructural y dar un siguiente paso”.
Con todas las dificultades que pueden seguir existiendo en los procesos judiciales, con toda la casuística alrededor de los testimonios en redes sociales, conociendo la diferencia entre ambos, hay algo en lo que todas las especialistas están también de acuerdo, en que esto debe ser una reflexión para las instituciones.
Aína Calvo, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género dice que todo lo que está ocurriendo les “obliga” a esa reflexión: “Y a analizar. En esas cuentas de Instagram las mujeres han visto y han sentido un espacio de comprensión y complicidad y las instituciones debemos generar la forma de que nos sientan a su lado, que confíen, que no piensen que las administraciones las juzgan. Creo que han tenido complicidad con esa persona con nombre y apellidos y de la que tienen referencias y con la que se sienten seguras, y con la administración es distinto, no saben quién está al otro lado. Son vínculos diferentes pero tenemos que estudiar la manera para que la administración pueda ser también ese lugar seguro para ellas”.
Aclara además, e insiste, en dos cosas. Una que desde 2021, en España, para tener derechos como víctima y ser reconocida como víctima no hace falta una denuncia ante la policía y hay canales para ello como los servicios sociales o los servicios especializados; la otra, que hay muchas formas de acudir a las instituciones en las que también el anonimato está garantizado y no implican denuncia —“que es algo que tienen que hacer solo cuando ellas quieran y puedan”—, por ejemplo, “el 016, donde se las escucha y se las asesora sobre dónde pueden acudir según lo que necesiten en el momento que llaman”.
Assiego, la letrada y exdirectora de Infancia, hace una última reflexión en este sentido que le parece “esencial”, y es también contar todos los recursos que hay a disposición de las mujeres: “Desde los feminismos estamos olvidando los logros, como los recursos que cada vez son más, las leyes, las medidas como la asesoría legal y el apoyo psicológico también sin necesidad de denuncia, los centros de crisis 24 horas para las víctimas de esta violencia que se están creando [hay nueve ya creados y debe haber uno por provincia para finales de este año], los profesionales, cada vez más especializados… ¿Es mejorable el sistema? Por supuesto, y hay que poner todo el esfuerzo en esa mejora, pero en nuestro ímpetu de destacar una realidad como es la de la violencia, no se puede obviar el camino recorrido ni el hecho de darlo a conocer, si no, estamos no reconociendo el trabajo de tantísimas profesionales que están en los diferentes espacios garantizando los derechos de las mujeres. Desde hace años”.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
