Retroceso en los derechos humanos de las mujeres en este gobierno federal: Olamendi

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La abogada y feminista Patricia Olamendi Torres lamentó la ignorancia de las autoridades capitalinas en el caso de la joven que fue violada por policías en la alcaldía de Azcapotzalco, pues la procuraduría local tenía que haber iniciado una investigación por tortura y no responsabilizar a la víctima de no seguir con la demanda.

“Se están viendo muy mal, como poco conocedoras del derecho”, reiteró hoy en su exposición sobre el Estado laico, en el marco de la sexta sesión de la cuarta generación de la Escuela de Verano Feminista, convocada por las Constituyentes feministas CDMX, a la que acudieron más de 160 mujeres.

A pregunta expresa, comentó que las autoridades no están actualizadas en materia legal, al seguir manejando el concepto de “crimen pasional”, pues formaba parte de un lenguaje que justificaba la violencia contra las mujeres. Los delitos contra las mujeres son motivados por la discriminación y el odio; incluso, profundizó, aún se mantiene la cláusula donde se habla de la “emoción violenta”, pero se ha estado retirando y no se puede aplicar entre cónyuges.

Asimismo, la exfuncionaria pública y consultora internacional advirtió que en el actual gobierno federal se está teniendo un retroceso de los derechos humanos de las mujeres, pues no actúa bajo ese pensamiento. Citó la Cartilla Moral que será distribuida por grupos evangélicos, la cual tiene una visión clasista dirigida a la gente pobre. Incluso, Jaime Torres Bodet no quiso publicarla en aquella época.

Es un documento que no tiene cabida en una sociedad como la nuestra y está desfasado, pues se basó en un texto de los años 40, antes de que existiera el marco normativo de los derechos humanos, además de que contradice el artículo tercer constitucional y los principios que rigen al Estado laico, argumentó. La cartilla vuelve a recuperar las costumbres, creencias, valores y cultura que han sometido a las mujeres; no obstante, sugirió no darle “tanto vuelo” al folleto, pues la teoría feminista nos ha provisto de conocimientos científicos para para decidir lo que queremos ser.

Expuso que la libertad de creencia es un derecho humano fundamental en estos tiempos y el consenso se ha logrado a través de la laicidad, pero en México no se entiende la complejidad del asunto. “La laicidad sigue siendo una aspiración”, continuó. Benito Juárez hizo una separación entre Estado e Iglesia, pero solo fue en materia de bienes. Lo que se requiere, hizo, hincapié, es construir un andamiaje jurídico para evitar que las religiones o aspectos subjetivos influyan en el desarrollo, los derechos y libertades de las personas.

La abogada conminó a identificar la influencia de la religión en la vida cotidiana de las mujeres, ya que la ha complicado y ha influido en las leyes: “Nos ven como portadoras del mal […] Hemos sido las eternas pecadoras […] y lo seguimos pagando con la vida […] Es un sistema perverso que invade nuestros derechos y que ha contribuido a que las mujeres vivamos en un clima hostil, violento”.

El Estado mexicano tiene en la legislación familiar y penal, así como en su práctica, un fuerte contenido religioso. Las creencias y prejuicios se siguen utilizando para juzgar a las mujeres y se siguen viendo los pecados como delitos. Por ejemplo, mencionó, todos los casos de embarazos en menores de 18 años de edad son producto de una violación, pero solo en este país un hombre puede tocar a una niña y no pasa nada.

Insistió en la necesidad de contar con políticas públicas y un andamiaje jurídico que concrete el ejercicio de los derechos, puesto que no se construyen por decreto. “Hoy, las leyes están a nuestro favor”, pero es necesario conocerlas; en especial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), pues podemos reclamar y ampararnos en los tribunales para el cumplimiento de nuestro derecho a una vida libre de violencia, alentó.

Por otra parte, hizo un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haya ratificado el derecho que tienen las víctimas de violación a interrumpir un embarazo, al declarar constitucional la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, referente a los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

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