En la prisión de las mujeres que abortan

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Estas mujeres sufren dos cárceles. La primera es este penal de hormigón en el que hace un calor pegajoso. Aquí cumplen 30 años de prisión en un país, El Salvador, que considera que quienes abortan o pierden a sus hijos por complicaciones obstétricas son homicidas. En un país con una de las legislaciones más restrictivas del mundo contra el aborto, su segunda cárcel es el estigma que las lleva a no contar el motivo por el que están aquí encerradas. Por eso algunas de ellas ni siquiera se conocen entre sí. Las demás las llaman mataniños.

Ese mismo estigma pesa también para las familias. A Evelyn, de 32 años, encarcelada hace 10 y con 20 de condena por delante, la denunció su propia hermana. “Ya la perdoné”, dice la presa. Nadie le manda el dinero que necesita para comprar productos de higiene personal. Trabaja en la obra del penal, que abrió en marzo sin estar acabado del todo. Por cada día de trabajo, dos de redención de pena. Su hijo Cristopher tenía tres años la última vez que lo vio. Ahora es un adolescente con el que habla por teléfono cuando consigue reunir el dólar que vale un minuto de conversación: “Dice que quiere ser abogado, luchar por sacarme de aquí”. Cabecea y mira al infinito mientras justifica su desgracia en la voluntad divina: “Todo pasa porque Dios lo permite, ni la hoja de un árbol cae sin que Él quiera”.

Evelyn observa con la mirada recia de quien ha pasado demasiadas penalidades. La delató su propia hermana: “Ya la he perdonado”

El penal de mujeres de Izalco está a dos horas en coche al oeste de San Salvador, la capital. Un portón grande y un muro coronado de concertinas separan el interior de la calle. No hay más puertas. “Si se escapan es peor. Aquí el peligro está fuera”, explica una funcionaria. La zona en la que se asienta el penal está controlada por las maras, las violentas pandillas de El Salvador.

“Si Dios permitió que este incidente ocurriera es porque me quería traer aquí para disciplinarme”, continúa Evelyn. Observa con la mirada recia de quien ha soportado demasiada penalidad para una vida tan corta. Se quedó huérfana de padre a los 14 años después de que fuera asesinado. Ella fue la que acudió a reconocer el cadáver. Abandonó los estudios y empezó a encadenar trabajos mal pagados de jornalera o cocinera. Ganaba 54 dólares al mes cuando fue apresada.

CASOS RESUELTOS FRENTE A UNA ALTA IMPUNIDAD

Desde 1998, El Salvador no permite el aborto en ningún supuesto, como también ocurre en otros países de América como Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití o República Dominicana. Las naciones más restrictivas con la interrupción voluntaria del embarazo están en el hemisferio sur. (Ver aquí mapa).

Además de considerar homicidas a las mujeres que abortan, el Código Penal de El Salvador prevé penalizaciones para los supuestos cómplices, con hasta 12 años para los médicos o farmacéuticos que colaboren en un aborto. Por eso a veces las mujeres son denunciadas desde el propio hospital cuando acuden desangrándose. Sobre ellas recaen penas de 30 a 50 años. Las organizaciones feministas denuncian que es de los pocos delitos que registra un nivel alto de condenas en un país con una impunidad muy alta. Apenas uno de cada 10 homicidios llega a juicio en El Salvador. Este dato lo publicó el diario digital El Faro, de El Salvador, que en 2016 reclamó a través de la ley de transparencia del país los casos llevados a tribunales en 2015. Más de 6.000 asesinatos quedaron impunes.

El relato de lo que ocurrió difiere de forma patente entre lo que cuentan ella y sus defensoras y lo recogido en la sentencia. Su pareja, 17 años mayor, la maltrataba y renegó de la niña que iban a tener: “Decía que ese bicho no era de él”, recoge la sentencia. A las 38 semanas de gestación, según el relato de su defensa, estando sola, tuvo un parto precipitado extrahospitalario en una letrina y “producto de la situación que estaba viviendo” —las palizas, el rechazo, el trauma por la muerte del padre— sufrió esa madrugada un trastorno mental transitorio y su hija, recién nacida, se le cayó por la letrina y murió.

La sentencia, sin embargo, considera que se deshizo de la bebé de forma premeditada tirándola por la fosa séptica que funciona como baño en su casa y en la mayoría de viviendas paupérrimas de las mujeres que han acabado condenadas por abortar o perder a sus hijos en el parto tras sufrir complicaciones obstétricas. Todas viven en condiciones miserables. Todas tuvieron que abandonar pronto la escuela enfrentadas a un sistema falto de garantías.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó ya en 2017: “Es importante resaltar que el Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres”. Y pidió una revisión de todos los casos que acabaron con penas de prisión. El Parlamento Europeo solicitó su “liberación inmediata e incondicional” ese mismo año. El embarazo forzado, dice la Eurocámara en su pronunciamiento, es “un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia de género contra la mujer”.

“Es importante resaltar que el Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres”, alertó la ONU en 2017

El Salvador, con 6,4 millones de habitantes, dio un paso atrás en la legislación del aborto en 1998 cuando endureció el Código Penal. Hasta ese momento, estaba permitido en tres supuestos: por violación, en caso de peligro para la madre o si la vida del feto no era viable. Desde entonces, esos tres casos quedaron anulados. El aborto está completamente prohibido. Además, incluyó en la Constitución el reconocimiento de la vida “desde el momento de la concepción”. No diferencia si una mujer sufre un incidente al inicio de un embarazo, si quiere interrumpirlo voluntariamente, si pierde al bebé en el parto o si hay riesgo de que ella muera: siempre es culpable. Y se les castiga por homicidio agravado. De ahí las penas, que están entre las más elevadas del mundo y oscilan entre 30 y 50 años.

Quedan 17 presas por este delito y dos procesadas y pendientes de su ingreso en prisión, según estimaciones de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, la ONG que lucha por devolver la libertad de las conocidas como las 17+. Casi todas están en el penal de Izalco, diluidas entre una población de 1.011 reclusas que pasean vestidas de blanco y amarillo y guardan filas. Colas para recoger la comida que llega en bidones, para lavar la ropa, para asearse desnudas de cintura para arriba en un módulo abierto a la vista de cualquiera. Duermen hacinadas en barracones de literas con 300 camas. A las nueve de la noche hay toque de queda: en silencio y a dormir.

Interior del penal para mujeres de Izalco. Las presas ayudan en la finalización de las obras de la cárcel. Imagen tomada el pasado mayo. ©Interior del penal para mujeres de Izalco. Las presas ayudan en la finalización de las obras de la cárcel. Imagen tomada el pasado mayo. © KASIA STREK

“Yo tengo muchos sueños todas las noches. A veces pesadillas feas, a veces sueños buenos”. Sentada en el módulo, con calcetines de leopardo y chanclas, Kenia sueña despierta. Tenía 19 años cuando perdió el hijo que estaba esperando. Fue a pedir ayuda a un policía con la placenta aún colgando. Acabó presa: “El policía me dijo que se iba a encargar de que yo me pudriera en esta cárcel”. Aquella pesadilla fue real.

Kenia tenía19 años cuando perdió el hijo que estaba esperando. Fue a pedir ayuda a un policía con la placenta aún colgando. Acabó presa

A su lado, Salvadora, otra de las mujeres de Izalco, sueña con que prospere su petición de conmutación de pena y pregunta a la visita si sabe cómo va el asunto. Cuando sea libre pondrá un puesto de comida. En su casa vivían siete y solo trabajaba ella, lavando y haciendo recados hasta que acabó en este penal. A ella le ocurrió de madrugada: “Me levanté como a las cinco de la mañana. Salí con mi hermanita para comprar maíz. Iba subiendo una cuesta arriba y sentí que me bajó algo”. La sentenciaron a 30 años, el fiscal pedía 50. “El abogado que me llevaba era un suplente, no había estudiado bien mi caso”, explica en un susurro. La sentencia, que hace un relato macabro, recoge que dejó al feto en una bolsa negra que ella no recuerda: “Cuando veo sangre me desmayo”. Contó en el juicio que se había quedado embarazada por una violación. Nunca se investigó.

Las familias no las visitan cuando están en la cárcel. En parte porque no se pueden costear el viaje. Salvadora, presa desde hace 11 años, lo justifica así: “Somos pobres, ellos se ganan nada más que para la comida”. En parte por el estigma. Las culpan de lo que les ocurrió y se avergüenzan de ellas.

“El abogado que me llevaba era un suplente, no había estudiado bien mi caso”, explica Salvadora, que lleva 11 años sin ver a sus hijos

Hay un grupo de letradas y activistas que luchan desde el exterior para devolverles sus vidas y quitarles ese estigma. Son quienes piden que las presas figuren sin apellidos ni zona de procedencia en el reportaje para que no las señalen más.

El trabajo de las abogadas arrancó en 2006, cuando conocieron el primer caso de una mujer condenada a 30 años por haber abortado. En 2009 presentaron una demanda de revisión de sentencia y llamaron a la movilización social e internacional. Lograron que se anulara el fallo y que la mujer fuera puesta en libertad tras siete años de cárcel. Y entonces lo descubrieron: “Aquella mujer nos dijo que no era la única”, explica Morena Herrera, la activista feminista que encabeza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. “Sufren condiciones muy duras y el sistema de justicia no hace ninguna consideración, no tiene en cuenta sus circunstancias”, explica.

Morena Herrera, que encabeza que encabeza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en abril en Suchitoto (El Salvador).Morena Herrera, que encabeza que encabeza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en abril en Suchitoto (El Salvador). KASIA STREK EL PAÍS

Tras aquel primer caso, contabilizaron otras 147 mujeres procesadas por el mismo delito. Desde su asociación han conseguido sacar a 36 de la cárcel y Herrera estima que el resto, hasta las 17 que siguen en prisión, o no llegaron a entrar o han ido saliendo con ayuda de otras personas: “Las liberan con distintos argumentos. En la mayoría de los casos, los tribunales reconocen un error judicial o una sentencia desproporcionada”.

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La presa Evelyn reclama al dios al que se aferra que le ayude a salir ya de aquí: “Le digo que ya es suficiente, 10 años de mi vida, 10 años de la niñez de mi hijo”. El primer día de libertad le contará a Cristopher todo lo que ha aprendido en la cárcel: bordar, pintar, amasar pan, construir muros. Si alguien no se los hace llegar antes, ese día se comerá unos espaguetis, el plato que más echa de menos.

La visita se termina. Todas salen rápido. Les espera una nueva cola para recoger la cena. Ha empezado a llover a cántaros. Salvadora se despide sin saber el giro que está a punto de dar su vida. Esta semana le han comunicado que le conmutan la pena. El jueves quedó en libertad. Durante su juicio, rogó al tribunal que no la metieran en la cárcel, que le dieran una oportunidad para educar a sus dos hijos. La mayor tiene 15. El menor ha cumplido 13. Hace 11 años que no los ve.

UNA CAUSA CON ALIADAS INESPERADAS

Para la abogada y exfiscal Berta María De León todo empezó con una consulta. Las activistas que luchan contra las consecuencias del veto al aborto en El Salvador le pidieron en 2013 una opinión técnica sobre un caso. Debía revisar la situación de una mujer a la que el Estado obligó a llevar a término su embarazo y a parir a un feto que no tenía cerebro e iba a morir. Tras ese episodio, la letrada entendió que aquella era también su lucha. “Quiero pensar que hago algo en medio de tanta podredumbre”, explica en el hall de un hotel del centro de San Salvador.

De León defiende sin cobrar honorarios a algunas de las mujeres presas por abortar: “Les violentan todos los derechos, todas las garantías procesales. Este país necesita mucha gente que denuncie ese atropello a las mujeres”. De León es también abogada de Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador que tomó posesión del cargo el 1 de junio. Antes de ganar las elecciones, Bukele declaró que está de acuerdo en legalizar el aborto “cuando esté en riesgo la vida de la madre”. Y añadió: “No asumamos la presunción de culpabilidad de una mujer pobre que tuvo un aborto espontáneo”. El equipo del presidente no ha respondido a este periódico sobre los planes concretos que tienen sobre este asunto ni ha dado cifras oficiales de las mujeres procesadas por abortar o perder a sus hijos en el parto (147, según una ONG).

Alexandra Araujo es una empresaria salvadoreña que se define como de centroderecha y feminista. “Me di cuenta de que, a pesar de llevar una década trabajando el empoderamiento económico de la mujer, ignoraba totalmente las violaciones de los derechos humanos que sufren en El Salvador, y la posición tan extrema de nuestra legislación respecto a la interrupción del embarazo, incluso cuando la vida de la gestante corre peligro”, cuenta por teléfono. Un grupo de mujeres activistas la contactaron y le pidieron que hiciera de puente con líderes en distintos ámbitos para tener debates técnicos sobre la interrupción del embarazo: “Entendí la situación tan inhumana y excepcional que vivimos en este país y decidí ayudar”.

Ella reclama que se regule la interrupción voluntaria del embarazo para proteger los derechos de las mujeres y las niñas de El Salvador y “permitirles así proteger sus vidas”. Estuvieron “a punto de promover un diálogo serio en la anterior legislatura, pero no se pudo dar”, explica. Espera repetir el intento. Asegura que el día que visitó a las mujeres presas por abortar vivió una de las experiencias más duras de su vida. Se sentó y escuchó historias de violaciones, de falta de acceso a la sanidad, de desprotección: “Hay una gran desconexión entre las realidades que viven las mujeres en este país, muchos tabús y estigmas por eliminar”, reflexiona.

Toda la información e imágenes son de El país.
Link original: https://elpais.com/

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